
España no financiará nuevas plantas de gas ni centrales nucleares ‘verdes’ pese a que la Comisión Europea las ha considerado como esas energías verdes.
Para contextualizar ese titular, podríamos hacer referencia al último post de este mismo blog en el que se trataba el tema: ‘¿La energía nuclear y el gas natural es energía verde?’. En el texto, se analizaba la casuística que en ese momento estaba sobre la mesa y que quedaba pendiente de resolución por parte de la Comisión Europea. Entonces, el organismo internacional ya se había pronunciado, amparado en la búsqueda de la neutralidad climática, es decir, en la reducción a cero las emisiones de gases efectos invernadero, lo que a su vez desembocaría en un ansiado cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde para 2050 (Conocer más sobre el ‘Pacto Verde Europeo’); planteando la consideración de ‘energía verde’ a las que nos hemos referido.
Tras el planteamiento de la Comisión Europea y la limitación de las características de ambas energías para ser consideradas verdes (en el caso de la energía nuclear, el proyecto debería contar con un plan, fondos y lugar en el que eliminar los desechos radioactivos de forma segura, además de un permiso de construcción antes del 2045; y respecto al gas natural, se comprometería a contribuir a la descarbonización y emitir hasta los 270 gramos de CO2 por kw/h), surgieron las polémicas y opiniones entre los representantes políticos de los países implicados; siendo, en este punto, tajantes las palabras de Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: “No tiene sentido y manda señales erróneas para la transición energética en el conjunto de la UE”.
Opinión de los expertos
Entonces, el plazo se marcaba en el 12 de enero, fecha hasta la que los expertos en finanzas sostenibles de la Unión Europea y Estados miembros podían enviar sus opiniones, aportaciones y dictámenes al respecto a Bruselas; y posteriormente en la evaluación de los asesores de Bruselas.

Así, la mayor parte del sector ponía en duda la consideración de ‘verde’ de dichas energías, llegando, los expertos, a emitir un informe en el que dudaban de que dicha medida supusiera un avance en la lucha contra la crisis climática: “Las plantas de gas no son verde en ningún momento de su vida”, aparece reflejado en el texto (Leer texto aquí).
Resolución de la Comisión Europea
Pues bien, la Comisión Europea ha aprobado el Acto Delegado Complementario final sobre la Taxonomía de la UE, en el que ‘se añaden otras actividades económicas del sector energético’, como aparece recogido en el texto. Así, se deben cumplir una serie de requisitos (comprendidos en el artículo 10, apartado 2) ‘para añadir con carácter transitorio las actividades del gas y la energía nuclear a las ya contempladas en el primer acto delegado sobre mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, aplicable desde el 1 de enero de 2022’.
De esta manera, y pese a que los requisitos son estrictos para contribuir a la transición a la neutralidad climática, equipararía estas energías nucleares y gas natural, a otras como la solar o la eólica.
España contradice a la Unión Europea
Pese a que la decisión no es definitiva, porque ahora es momento de que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo presenten alegaciones y se opongan o no al proyecto (tienen cuatro meses para este hecho y pueden solicitar otros dos adicionales), y si ninguno de los dos organismos consigue mayorías para frenar la medida, la nueva taxonomía verde entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023.
En este punto, España ya se ha pronunciado y la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha asegurado a diferentes medios de comunicación nacionales que el Gobierno no financiará nuevas centrales nucleares ni infraestructuras de gas. (Noticia completa ‘España se desmarca de la CE y advierte: no financiará nuevas centrales nucleares ni plantas de gas pese a la «etiqueta verde». Esto no significa que el país no sea defensor de la taxonomía verde como el vehículo para conseguir alcanzar la neutralidad climática en 2050, sino que admitir estas energías supone un paso atrás en el cumplimiento del ansiado Pacto Verde Europeo y su marco regulatorio.